México: entre la premodernidad y la posdemocracia
Mtro. José Roberto Gómez Ayala.
En la última etapa de su evolución el sistema político mexicano se ha democratizado gradualmente por efecto de una muy larga transición democrática, pero no se ha modernizado al mismo ritmo. La democratización ha consistido sobre todo en una ampliación de los derechos civiles y políticos, en mejores y más confiables reglas e instituciones electorales y en una competencia cada vez más equitativa entre las fuerzas políticas, y tiene en la alternancia conquistada en el año 2018 su punto más alto.
Sin embargo, estos avances no han ido acompañados de reformas profundas e integrales en todos los demás aspectos constitutivos del régimen político, es decir del ordenamiento político, normativo e institucional, por lo que la joven democracia mexicana sigue atrapada en las inercias premodernas del viejo régimen edificado en torno al otrora partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual sale a relucir en la continuidad de prácticas clientelistas y corporativas, la concepción de la política como botín, la excesiva personalización del poder, la emergencia recurrente de políticos y políticas populistas, etcétera. El problema es que la pervivencia de estos rasgos premodernos de la política mexicana, visibles sobre todo en el ámbito local donde la alternancia no ha llegado, no sólo no permite albergar de manera virtuosa los nuevos valores y prácticas democráticas surgidas por el impulso de la transición, sino que los inhibe y desalienta.
De ahí que todas las experiencias populistas que ha vivido México sin excepción, desde el cardenismo hasta el foxismo, pasando por el echeverrismo, el portillismo y el salinismo, y otras que se perfilan en el futuro inmediato, encajan más en lo que se ha llamado populismo premoderno que en el populismo posdemocrático, a pesar de la democratización experimentada en las últimas dos décadas. De hecho, es precisamente la especificidad de esta transición la que explica en gran parte la continuidad de los rasgos premodernos, entre los cuales el populismo es tan sólo una de sus expresiones.
En efecto, la transición mexicana fue lenta, continua, gradual y limitada, pues las élites políticas del régimen priísta nunca perdieron el control del proceso. Por el contrario, promovieron cambios en materia de legislación electoral, pero más como una respuesta a las situaciones adversas que le restaban legitimidad en momentos críticos que por una vocación auténtica de renovación y cambio. Así, más que una transición pactada lo que tuvimos fue una apertura controlada y restringida de la arena electoral con fines pragmáticos: recobrar para el régimen alguna legitimidad que le permitiera a la élite política reproducirse en el poder. En estricto sentido, más que democratización, lo que tuvimos fue un largo proceso de liberalización política, es decir de flexibilización lenta y gradual de las restricciones a la competencia y la participación.
El resultado fue una transición atípica, una transición por la vía de la alternancia y sin pacto, pues al final la apertura restringida de la arena electoral generó nuevos equilibrios políticos y alternativas viables al partido del poder que en un contexto de crisis terminal acotaron al régimen y obligaron a la élite priísta a aceptar su derrota por la vía de las urnas.
Pero la ausencia de un pacto entre los distintos actores políticos del país, los del viejo régimen y los emergentes, antes y después de la alternancia, no sólo marca un hecho inédito en las transiciones democráticas sino sobre todo una problemática muy delicada para el gobierno emergente que hasta cierto punto no tuvieron que enfrentar otros gobiernos producto de transiciones democráticas exitosas: el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen sobre la base del régimen heredado, pero en un contexto altamente competitivo y sin una mayoría afín en el Congreso como para hacer avanzar dichas reformas con alguna certidumbre.
De ahí que México se encuentra después de la alternancia en una suerte de limbo, en el que los valores y las prácticas democráticas surgidas de la transición no pueden ser albergados de manera virtuosa en el entramado institucional y normativo vigente que no es otro que el heredado del viejo régimen, con todos sus componentes premodernos y autoritarios. En virtud de ello, el gran desafío para México en la actualidad es la reforma integral de la Constitución, una reforma que vuelva compatible y coherente a nuestras leyes e instituciones, por una parte, y las necesidades y las exigencias de una auténtica democracia.
Huelga decir que si no se avanza de manera firme y decidida en la reforma constitucional, nuestro país estará instalado indefinidamente en una peligrosa ambigüedad institucional y normativa que puede poner en riesgo la propia permanencia del nuevo régimen en construcción. Si en el pasado la ambigüedad normativa fue un componente del viejo régimen político, esta premisa no puede mantenerse en el nuevo a riesgo de generar enormes controversias constitucionales y comprometer la propia institucionalidad. Si nuestra Carta Magna es ambigua en muchos aspectos es porque así convenía a un régimen sustancialmente autoritario que tenía en la ley a un aliado, pues podía interpretarla a su conveniencia en ciertas circunstancias, pero en un régimen democrático la ambigüedad normativa sólo alienta la confusión y la confrontación. Además, si la Constitución fue continuamente reformada en el pasado —violentando incluso muchas veces el espíritu original de la misma, impreso por los constituyentes del 17— fue más para adecuarla a las necesidades y las exigencias de una clase política obsesionada con su propia reproducción en el poder que para introducir criterios más transparentes y funcionales con la democracia.
Por ello, mientras el cambio en México ocurre por el impulso que brota con el borbotón del entusiasmo democrático, los actores se debaten en la incertidumbre institucional y empiezan a generar conductas estratégicas para asegurar, por encima de las instituciones, las acciones que les garanticen resultados acordes con su voluntad democrática. Otro tanto ocurre con quienes se resisten al cambio. Para detener el oleaje democratizador se aferran a viejas estructuras y prácticas, especialmente aquellas que pueden dar a sus actos justificación legal para mantenerse incrustados en un orden democrático al que ya no corresponden, pero que no ha cambiado con la profundidad necesaria para someterlos a la lógica de una nueva legalidad acorde con la legitimidad democrática. Surge así, en toda su complejidad, el mayor desafío de nuestra transición
Tal parece que la alternancia política que experimentó nuestro país en el 2018 no garantiza por sí sola las condiciones mínimas para la refundación del entramado institucional y normativo que rige la vida del país, lo cual no sólo pone de manifiesto la difícil tarea que el nuevo gobierno tiene para darle congruencia al proyecto del cambio que lo llevó al triunfo, sino que pone en serio riesgo la legitimidad y la gobernabilidad democráticas del nuevo régimen. En estricto sentido, mientras no se avance seriamente en la reforma del Estado, por más importantes que sean los logros en materia democrática, siempre serán insuficientes y en ocasiones hasta contradictorios con las leyes heredadas del pasado.
