La escuela en el contexto de la burocracia

Miguel Ángel Martínez Ruiz

 En el plano nacional, durante las últimas décadas del siglo pasado, la escuela mexicana ha tenido maestros que obedecen a sus superiores, se sujetan a las normas y reglamentos, impuestos por la autoridad (Secretaría de Educación Pública); la escuela ha sido entendida como un lugar impropio para promover el cambio del orden económico establecido; la principal motivación del magisterio ha consistido en el escalafón burocrático para lograr ascensos y mejoras económicas como trabajadores; la comunicación ha sido vertical, esto es una relación de jefe a subordinado (Inspector-Director-Maestros-Alumnos); los conflictos se han resuelto con base en la descripción de puestos, los cuales están perfectamente delimitados; el concepto de poder se ha confundido  fácilmente con el de autoridad formal, el poder ha pertenecido al cargo, no en la persona; el cambio estructural, no sólo ha sido temido por los trabajadores de la educación, sino que cuando se intenta llevarlo a cabo, hay marcadas resistencias; la toma de decisiones ha tenido lugar de acuerdo a las reglas estipuladas: las opciones de participación han sido restringidas, ya que los funcionarios, maestros y empleados se deben a los puestos, los cuales están  delimitados a sus áreas de competencia.

Esta descripción corresponde al modelo burocrático de la administración pública.

Existen dos formas de entender la burocracia: El concepto popular y la sustentada por su principal teórico, Max Weber  (1864-1920), en su “Teoría general de las estructuras de autoridad”.

Conforme al primero, con un sentido peyorativo, se piensa en un grupo de seres humanos que laboran dentro de la administración pública, realizando diversas actividades con el mínimo esfuerzo en un medio complicado por trámites engorrosos, procesos lentos, requisitos innecesarios, papeleo excesivo y pérdida de tiempo. Todo esto en perjuicio del usuario.

Max Weber, considerado “Padre de la Burocracia”, la conceptualiza de acuerdo a los siguientes postulados:

• La actividad burocrática debe realizarse con un enfoque racional que lleve al logro de la eficiencia en la satisfacción de las necesidades de los demandantes con el mínimo gasto de energía.
• Las actividades burocráticas deben supeditarse a un conjunto de reglas, normas y procedimientos establecidos en forma estricta para ejercer el control de los individuos que participan en este tipo de actividades.
• En cualquier organización burocrática se deben obedecer órdenes que el superior dispone y exige. En la administración burocrática el puesto y la jerarquía delimitan las funciones de cada persona de manera restringida. Así cada cargo o puesto se limita al cumplimiento exclusivo de los deberes y servicios previamente asignados.
• La organización de la burocracia se sujeta a una jerarquía que supone diferentes niveles de autoridad y, por consiguiente, de subordinación. Weber concede a los niveles inferiores el derecho de queja y apelación y a los superiores el derecho de mando.
• Todas las actividades del personal por mínimas que puedan parecer deben ser reportadas por escrito, ya que el expediente es el principal elemento para fundamentar la evaluación del trabajo que se desarrolla.

Conforme a estas premisas, resulta pertinente definir y delimitar las probables similitudes y diferencias con el fin de precisar hasta qué grado la escuela actual se encuadra dentro de este esquema administrativo.

No sería razonable afirmar que todas nuestras escuelas se encuentran apegadas fielmente a este modelo, pues existen una cantidad muy elevada de variables en las instituciones escolares de los diferentes niveles y de acuerdo a las políticas educativas determinadas por los gobiernos de cada una de las entidades federativas.

En los Estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, las condiciones socioeconómicas son diametralmente opuestas a las que privan en entidades como Guanajuato, Veracruz, Yucatán o Nuevo León, por no citar sino algunas que no presentan rezagos educativos tan acentuados. Por eso, en estos Estados, el magisterio es menos combativo desde el punto de vista político.

Desafortunadamente, en algunos casos, se confunde la lucha legítima por abanderar causas populares justas con el ausentismo escolar de los profesores, lo cual agrava la situación de retraso.

En Michoacán, hace más de quince años, se iniciaron las movilizaciones en contra de un sindicato, calificado de “blanco”, dirigido por líderes banales, sin escrúpulos, para dar lugar a una nueva corriente que se autodenomina democrática. Bien está que haya diversidad de criterios y se tenga una visión diferente de los problemas educativos nacionales, pero no es de ninguna manera aceptable que en nombre de tal lucha, se les reduzca indebidamente dos meses de actividades normales a los niños, quienes son en último término los perjudicados. Si sumamos esos dos meses anuales de plantones, paros, marchas y demás manifestaciones, en seis años, se les ha quitado un año de educación formal a los escolares.

En la actualidad, se puede afirmar que la escuela está a punto de ser asfixiada por cuatro estructuras burocratizadas: la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Todas estas organizaciones, aun cuando algunas de ellas sostienen lo contrario, son parte del engranaje del sistema, al cual no renuncian, porque son producto del mismo y así conviene a sus intereses creados.

Esta última aseveración se funda en el hecho de que las ambiciones por el poder público, gremial y partidista, ha llevado a estas instancias a una confrontación en la que no se sabe dónde empieza ni dónde termina el radio de acción establecido por la ley respecto al manejo de los recursos económicos, humanos, materiales y técnicos, asignados a la obra educativa, cuyos metas y objetivos son suplantados por fines que responden a intereses totalmente ajenos al trabajo docente.