El conservadurismo católico ante la crítica histórica
Laura Campos Jiménez *
José García León
En el mes de octubre de 2007 apareció una nota periodística en donde se relata que el enviado papal, Domenique Mamberti, exigió al presidente Calderón “una plena garantía de libertad religiosa” y la supresión de “equívocos en las normas vigentes de nuestro país”.[1] La lectura entre líneas de este mensaje político intervencionista, no es otra que la exigencia del Vaticano al gobierno federal para que nuestro país se vuelque a un modelo confesional o teocrático y que la jerarquía católica logre reivindicar los privilegios y canonjías que disfrutó -sin contrapesos-, hasta antes de la Reforma juarista del siglo XIX.
Ante estas intromisiones políticas por parte del representante papal en los asuntos internos del país, lo cual, de suyo, constituye una flagrante violación a nuestra constitución política y un verdadero desafío al Estado laico, es inadmisible que el gobierno federal permanezca pasivo y sumiso ante tales declaraciones, sin hacer algún apercibimiento al prelado católico, el cual ha venido por consigna a chantajear y presionar al jefe del Ejecutivo para lograr, a través de una burda imposición, que la religión católica goce de los privilegios acotados en el pasado.
Estos embates al Estado laico son, por desgracia, cada día más recurrentes en nuestro país, bajo la complacencia y el disimulo del Ejecutivo federal y un gran número de legisladores. En este contexto político, conviene hacer un recuento histórico del nefasto papel que la jerarquía católica ha jugado en nuestro país en cinco siglos de mestizaje. Para efecto del presente trabajo se hará un recuento sintético de estas etapas y se planteará el escenario que actualmente se vive en nuestro país ante la sistemática embestida clerical perpetrada en contra del Estado laico y sus instituciones.
Empecemos pues con este recuento histórico. En primer lugar, si nos trasladamos a la época novohispana en nuestro país, pasando por alto las atrocidades de la conquista y la imposición del catolicismo a los nativos, es conveniente recordar -y no olvidar-, que la Iglesia católica fue una institución dedicada fundamentalmente a explotar a todos; indios y españoles, pobres y ricos. La mano de obra indígena construyó, con látigos y trabajos forzados, capillas, santuarios y monasterios de gran lujo.
La jerarquía católica, en ese sentido, obligó al indígena a destruir sus templos para luego construir los nuevos de su creencia. Las órdenes religiosas, por su lado, efectuaron la quema de códices o lienzos en lengua indígena, destruyendo así, de manera irreversible, el rico legado prehispánico de nuestra cultura indígena.
En este contexto, cabe destacar que Fray Domingo de Betanzos, por el año 1533, negó la racionalidad de los indios, señalando que “no tenían capacidad para entender las cosas de la fe”.[2] Había, en aquellos años, congresos teológicos en los que se “discutía” si el indígena era un ser humano y si existía la posibilidad de que éste estuviera dotado de razón o debería tratársele como bestia. Los franciscanos, por su parte, sostenían que los indios no tenían alma, y por lo tanto, no eran “aptos” para la recepción de los sacramentos. [3]
Cuando las colonias americanas de España y Portugal empezaron a luchar por su independencia, la Iglesia católica reforzó su tradicional alianza con la potencia dominadora. El papa Pío VII, en su encíclica Etsi longissimo, del 30 de enero de 1810, condenó los intentos de emancipación de las colonias de América. En todos los países de Latinoamérica, la Iglesia católica se opuso oficialmente a la independencia nacional. Las épocas en que la Iglesia católica tenía el poder, no fueron las épocas de la abolición de la esclavitud. Contra toda su voluntad y contra todos sus empeños, vio nacer las nuevas naciones.
En México, la Iglesia católica luchó al lado de los españoles y en contra de las aspiraciones de independencia nacional de los mexicanos. Condenó a los insurgentes y aplicó juicio inquisitorial a los sacerdotes que simpatizaban con la Independencia. Hidalgo y Morelos lucharon y murieron excomulgados por la Iglesia católica, que celebraba misas con Te Deum las victorias de los realistas.
En la invasión de los Estados Unidos a México en 1847, la jerarquía católica apoyó tal invasión, anteponiendo sus intereses políticos, religiosos y económicos, al bien común de nuestra nación.
Mucho después de consumada la independencia, la jerarquía católica declaró una cruzada en contra de la Constitución de 1857, la cual sentaba las bases del carácter laico del Estado, garantizaba la libertad de creencias y acotaba boatos y privilegios para el clero político. El Primado de México, arzobispo Lázaro de la Garza, advirtió que todo funcionario público que jurara la Constitución, se le negarían los sacramentos y recaería sobre ellos la excomunión ipso facto.
No conforme con esta medida, la jerarquía católica incitó al pueblo a la rebelión y provocó diversos levantamientos patrocinados personalmente por sacerdotes, especialmente en México y Michoacán, cometiéndose toda clase de crímenes en contra de particulares y de las autoridades. [4]
La guerra de tres años (1857-1860), fue también una guerra de religión, y tal revuelta se continuó hasta la caída de Maximiliano. Cuando en 1861 los franceses invadieron México para poner a Maximiliano como emperador, la Iglesia católica los recibió como liberadores. El clero de Puebla salió a recibir al ejército extranjero con un Te Deum, dando la bienvenida al comandante francés Forey y a los mexicanos traidores. [5]
Juárez, a pesar de todo lo anterior, crea el estado nacional en contra de las maldiciones, los anatemas, las injurias y el odio del Episcopado católico de su tiempo. El odio que los jerarcas católicos le han tenido a Juárez, no es solamente por la nacionalización y expropiación de los bienes acumulados por el clero durante siglos, sino por haberlo desplazado del poder temporal.
En la revolución mexicana de 1910, la jerarquía católica se alineó con el dictador Victoriano Huerta, autor o cómplice en el asesinato del presidente Madero. La jerarquía católica tenía pavor a la revolución social de 1910 porque verdaderamente era social; por eso fue enemiga de Madero y de los revolucionarios genuinos.
Después de este intento fallido, donde aquella apostó al perdedor, sobrevino un episodio sangriento en la historia de nuestro país: la desobediencia religiosa que, con las armas en la mano, enfrentó al Estado a partir de 1926. Esta revuelta, de tintes religiosos, conocida como la cristiada o guerra cristera, tuvo como antecedente los enfrentamientos que la jerarquía promovió contra el gobierno desde las últimas décadas del siglo XIX, como reacción contra las leyes de Reforma. Otro embate más al Estado laico mexicano.
En 1926, el Comité Episcopal de la Iglesia católica desconoció la constitución de 1917, que refrendaba los principios de la separación entre el Estado y las Iglesias y anunció el firme propósito de “combatirla” sin reparar en los medios para lograrlo. El papa Pío IX, en su encíclica Iniquis Aflistique (18 de noviembre de 1926), cap. II, mum. 15, aprobó y bendijo con indulgencia plenaria esta revuelta y a sus combatientes. La jerarquía católica aprobó y alentó el movimiento armado entre cuyos dirigentes se contaron Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza, quienes recientemente han sido elevados a los altares bajo la dignidad de beatos. [6]
Sobre la reivindicación histórica que el clero hace de ese episodio al darles rango de beatos a jefes e ideólogos de esa revuelta que provocó la muerte de decenas de miles de mexicanos y momentos de barbarie como el asalto de un tren de pasajeros en Ocotlán, cerca de Guadalajara, el 19 de abril de 1927, en que decenas de civiles fueron asesinados y el convoy saqueado e incendiado, por esos nada piadosos cristeros, se debe destacar el hecho de la tergiversación de la historia que la jerarquía católica ha venido llevando a cabo, bajo su propia conveniencia, en las últimas décadas.
Recapitulando lo anterior y sin caer en maniqueísmos, se puede sostener que la Iglesia católica institucional, ha tenido una cuestionable participación en la historia de nuestro país: Ésta y sus altos jerarcas, fueron:
Los que lucharon contra la independencia de México.
Los que excomulgaron, persiguieron y posteriormente asesinaron a Hidalgo, Morelos, Matamoros y Galeana.
Los que lucharon por imponer el imperio de Iturbide en 1821.
Los que se opusieron a las leyes de desamortización de sus cuantiosos bienes y a la Constitución de 1857.
Los que arraigaron el rencor frente a los liberales, la mayoría católicos.
Los que movieron la conciencia de la venganza como virtud cristiana.
Los que se organizaron para traer e imponer en México la monarquía de Maximiliano de Habsburgo.
Los que se opusieron a la restauración de la República y lucharon acérrimamente contra Juárez.
Los que sostuvieron con su pensamiento y con su acción la dictadura porfiriana.
Los que se opusieron al surgimiento de una Constitución que garantizara tanto las libertades individuales como los derechos sociales.
Los que apoyaron con dinero e impulsaron con doctrina y fanatismo a la rebelión cristera.
Los que no aceptaron que México fuera un Estado laico y, por ende, un país de instituciones y de leyes.
Los que se opusieron a la nacionalización del petróleo.
Los que se oponen a que el Estado apoye la educación popular.
Los que ahora, en estas últimas décadas, quieren recuperar sus antiguos privilegios y promover una fanática cruzada en contra del Estado laico.
La nueva cruzada de la Iglesia Católica, ahora se hace presente con el objeto de golpear la unidad y la libertad del pueblo mexicano. La insistencia de la jerarquía católica por modificar el artículo 24 constitucional, en el apartado que habla de la “libertad de creencias”, por el de “libertad religiosa”, es una trampa palaciega para quebrantar el principio de laicidad de la educación pública. Está buscando por todas las formas el reivindicar sus antiguos privilegios a través de las siguientes pretensiones:
Borrar todo concepto de laicidad de la Constitución Política, al pretender que la educación que imparta el Estado deje de ser laica.
Proponer que el Estado provea educación religiosa en las escuelas públicas.
La permisión e injerencia del clero en asuntos políticos, incluyendo el que los sacerdotes católicos puedan ser votados.
Poseer y controlar directamente medios de comunicación electrónicos
Oficializar la injerencia del clero en el ejército, mediante el reconocimiento de las llamadas capellanías militares, entre otros pliegos petitorios.
Lo que la jerarquía católica pretende con todo lo anterior, como bien lo señala Octavio Rodríguez Araujo, “es terminar, poco a poco y pacientemente, con el Estado laico y acabar de una vez por todas con la separación de la Iglesia y el Estado para convertirla en una unidad y hacerla depender de otro Estado disfrazado de autoridad religiosa: el Estado Vaticano”. [7]
Entre otras exigencias que la jerarquía católica presenta, se destaca la siguiente: “Que el gobierno destine a la Iglesia católica una parte de la recaudación fiscal para su financiamiento […] Y que un porcentaje de los impuestos que recauda el Estado se destinen a las arcas de la Iglesia”. [8]
Armando Martínez, presidente de “el colegio de abogados católicos”, señaló que “sería una pequeña proporción de los impuestos que se pagan al fisco los que irían a las arcas de la Iglesia católica”.[9] Con estas declaraciones, la jerarquía católica tiene como objetivo, dentro de su agenda política, el percibir para sus arcas una especie de “diezmo” con la intermediación del Estado. Pretende, en la práctica, que todos los mexicanos (católicos y no católicos), destinemos, como contribuyentes, una parte de nuestros impuestos para solventar las actividades materiales de la Iglesia católica como institución, sin excluir el debido pago de honorarios a sus ministros y a la burocracia eclesiástica adyacente.
Pena ajena, por decir lo menos, provocan estos despropósitos. El escenario que plantea la jerarquía católica, no sólo es inconcebible e impensable en una sociedad democrática, plural y secularizada como la nuestra, sino que, a través de una campaña de desinformación y confrontación abierta con el Estado, se apuesta a la desmemoria histórica. En palabras llanas, la Iglesia católica institucional busca la restauración del diezmo eclesiástico “obligatorio” (por la vía de la recaudación fiscal), para enriquecer aún más su estructura eclesiástica y tener más poder e influencia política en nuestro país.
Cabe recordar, haciendo un breve recuento histórico, que el pago forzoso del diezmo a la Iglesia católica institucional, fue derogado de forma definitiva (en su obligatoriedad civil), gracias a las Leyes de Reforma, suceso acontecido en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX.
En México, el clero secular, los obispos y canónigos vivían principalmente de los diezmos y las primicias. El clero acabó por absorber casi toda la propiedad de la Nueva España, arruinando la agricultura, la industria y el comercio; la pesada contribución del diezmo, como señalaba Abad y Queipo, “no dejaba respirar al labrador”. La Iglesia católica impuso los “diezmos parroquiales” -como lo demostró el liberal mexicano Melchor Ocampo-, “para esclavizar por deudas impagables a los campesinos”. Hay que recordar que la Iglesia católica en México tenía en sus juzgados de capellanías un banco hipotecario, que prestaba a terratenientes, tanto urbanos como rústicos, al 5 y 6% de interés anual bajo hipoteca.
En este contexto, a finales del siglo XVIII, la Iglesia católica era propietaria de la mitad de los bienes raíces y tierras del país y tenía hipotecados muchos otros más, y tenía fama de explotar a sus trabajadores. Para esta época, la legislación eclesiástica establecía el cobro forzoso del diezmo, los legados testamentarios, los bienes de capellanías, cofradías, obras pías y dotes monásticas, entre otros conceptos más, que hacían de la Iglesia católica el principal propietario de la Nueva España.
El pago forzoso del diezmo, finalmente, fue abolido a partir de las Leyes de Reforma y erradicado definitivamente de nuestro país, a raíz de la separación del Estado y las Iglesias, impulsada por el presidente Benito Juárez, quien vino a sentar las bases del Estado laico en México. [10]
Es por todo lo anterior, que la sociedad mexicana no sólo ve con desconfianza la propuesta de la jerarquía católica respecto de la “restauración del diezmo”, sino que se pronuncia por un rechazo absoluto, porque que infiere que del dinero de sus impuestos, habría partidas para gastos imprevistos, entre los cuales estarían las indemnizaciones para víctimas de abuso sexual de los clérigos y el pago de abogados para apoyar jurídicamente a sacerdotes pederastas. El dinero destinado a la asistencia social de los mexicanos, no debe ser desviado para los anteriores conceptos. De ahí la intransigencia clerical, en su fanática embestida en contra del Estado laico, y la pugna por regresar a un modelo confesional ya superado, por fortuna, en nuestro país.
Por último, vale la pena recordar y concluir que:
En un Estado laico no puede haber privilegios para ninguna religión.
En un Estado laico no puede haber imposiciones de ninguna religión.
En un Estado laico se respeta a todas las religiones y creencias por igual.
En un Estado laico no puede haber imposiciones de ninguna creencia moral o religiosa.
Un Estado laico no puede identificarse con ninguna religión en particular.
En un Estado Laico no hay discriminación, hay reconocimiento pleno de derechos.
En un Estado Laico no debe haber tolerancia, debe haber respeto absoluto.
En un Estado Laico no hay preferencia a las mayorías, hay trato igualitario.
En un Estado Laico hay respeto a las minorías.
En un Estado Laico se vive en medio de todas las diferencias.
En un Estado Laico no se enseña religión en las escuelas, ésta se enseña en los templos.
En un Estado Laico la educación es laica.
Ante este panorama, es importante, hoy más que nunca, el enorme valor político de preservar el Estado laico en México para lo cual se propone el impulso de foros, conferencias, congresos, … en los que se manifiesten los ideales de los mexicanos, se analicen sus diferentes posturas y se divulguen en todos los medios los resultados obtenidos.
¡Es cuanto!
* Laura Campos Jiménez es historiadora por la Universidad de Guadalajara y autora del libro “Los Nuevos Beatos Cristeros. Crónica de una Guerra Santa en México”.
Referencias bibliográficas:
1 Reforma, 5 de octubre de 2007
2 Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia en México, Tomo I, p. 254
3 Rivapalacio, Vicente, México a través de los Siglos, Tomo II, p. 276
4 Portes Gil, Emilio, La Lucha Entre el Poder Civil y el Clero, p. 73
5 Toro, Alfonso, La Iglesia y el Estado en México, p. 308
6 Cf. Campos Jiménez, Laura, Los Nuevos Beatos Cristeros. Crónica de una Guerra Santa en México, 2006
7 Rodríguez Araujo, Octavio, Las intenciones de la Iglesia católica, en La Jornada, 12 de julio de 2007
8 Proceso, 15 de julio de 2007.
9 Ídem.
10 cf. Knowlton, Robert J., Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 1856-1910, Ed. FCE, 1995
[1] Reforma, 5 de octubre de 2007
[2] Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia en México, Tomo I, p. 254
[3] Rivapalacio, Vicente, México a través de los Siglos, Tomo II, p. 276
[4] Portes Gil, Emilio, La Lucha Entre el Poder Civil y el Clero, p. 73
[5] Toro, Alfonso, La Iglesia y el Estado en México, p. 308
[6] Cf. Campos Jiménez, Laura, Los Nuevos Beatos Cristeros. Crónica de una Guerra Santa en México, 2006
[7] Rodríguez Araujo, Octavio, Las intenciones de la Iglesia católica, en La Jornada, 12 de julio de 2007
[8] Proceso, 15 de julio de 2007.
[9] Ídem.
[10] cf. Knowlton, Robert J., Los bienes del clero y la Reforma mexicana, 1856-1910, Ed. FCE, 1995
