Tercerización
Efraín del Castillo
La subcontratación laboral, tercerización u outsourcing ha sido desde hace más de un año, motivo de debate y discusión entre los distintos actores políticos y económicos. El gobierno federal ha llevado hasta el poder legislativo una iniciativa para regular este esquema que en los hechos acusa diversos vicios como la falta de reconocimiento a los derechos de los trabajadores, elusión de prestaciones sociales y económicas y evasión fiscal.
Los derechos laborales de los trabajadores se afectan principalmente porque la empresa en la cual finalmente trabajan no los reconoce dado que no es la que los contrató. La empresa subcontratante con frecuencia sirve como “nominera” y tiene la práctica de despedir y recontratar periódicamente al personal, para evitar la creación de antigüedad y la organización de los trabajadores. Este fenómeno no es privativo del sector privado. El propio gobierno federal acude a este esquema en un sinfín de dependencias y entidades y lo ha hecho desde hace décadas. Los trabajadores vía “outsourcing”, los de honorarios y los de lista de raya han sido mecanismos de evadir la estabilidad laboral y por ende, los derechos que eso implica.
Obviamente, el tema de las prestaciones ha sido uno de los de mayor impacto, pues en la práctica cuestan más baratos los servicios de quienes son contratados a través de esas empresas tercerizadoras ó nomineras, que en los hechos caen en una situación de defraudación fiscal. Uno de los rubros más socorridos es el de los servicios de limpieza que ya se ve como normal tanto en oficinas públicas como en los hospitales. A través de la tercerización, todos estos intendentes no obtienen una base laboral y son despedidos con suma facilidad. Otro sector, el de las telecomunicaciones y la electricidad, con bastante frecuencia presta sus servicios mediante empresas subcontratistas que además de provocar estos efectos lesivos en los derechos de los trabajadores, genera confusión en los consumidores pues se presentan en los domicilios particulares con identificaciones distintas a las de la empresa con la cual se solicitó el servicio.
Las discusiones han sido intensas. Se realizó a principios de año un ejercicio de parlamento abierto en el congreso. Las partes han expresado lo que a su derecho conviene y se han esgrimido diferentes argumentos tanto en favor como en contra. La amenaza de pérdida de empleos es el más socorrido por la parte empresarial. La autoridad laboral ha manifestado que la propuesta modificaría las leyes Federal del Trabajo, la del Seguro Social, la del Infonavit, la del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y la del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), así como el Código Fiscal de la Federación.
La esencia de todo el asunto es que se elimine el “outsourcing” en la contratación del personal que tiene que ver con las actividades que son el objeto social y económico de la empresa o entidad gubernamental y que se subcontraten únicamente los servicios especializados y la ejecución de obras y trabajos especializados, que no forman parte dedicho objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la unidad productiva contratante. De acuerdo con lo que ha trascendido en los últimos días, se supone que se va a requerir la autorización expresa por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para dicha subcontratación y que funcionará un padrón público de empresas subcontratistas para dar total transparencia al proceso. Se habla de sanciones extremas, como las penas corporales, para quienes no acaten las medidas.
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