El derecho a la seguridad
Isauro Gutiérrez Hernandes
“La libertad civil, expuesta de continuo
a los amaños y violencias individuales,
no puede subsistir con firmeza,
sin el robusto apoyo de la autoridad
solícita y vigoroza del Gobierno””
Diego López Garrido
Garantizar la seguridad de los miembros de una comunidad ha sido, desde su origen, la razón de ser, la justificación e incluso la legitimación de la noción de autoridad.
La seguridad constituye, históricamente, la razón original de la existencia misma del Estado, en su carácter de ente responsable de hacer cumplir las reglas de convivencia de un conglomerado social.
Es entonces, cuando la seguridad privada o personal, se transforma en seguridad pública, que puede considerarse como el resultado de las políticas y acciones de competencia exclusiva del Gobierno, para mantener el orden público, mediante el respeto a la seguridad personal de los individuos.
Si traemos a la imaginación lo que pudo haber ocurrido en los inicios de la existencia humana, cuando el hombre comenzó a vivir en sociedad, cuando las libertades individuales empezaron a chocar contra las libertades colectivas, los miembros de ese imaginario, primer conglomerado social, se dieron cuenta que había que establecer reglas de convivencia, para conservar la paz y la armonía.
Debieron surgir así, las primeras leyes, pero luego hacía falta constituir una entidad capaz de aplicarlas y de sancionar a los infractores. Estamos aquí, ante el surgimiento de la Ley y el Gobierno.
Pero todavía faltaba algo. Los gobernantes por sí mismos, no podían castigar a los infractores de las reglas y aparece a la escena, lo que ahora conocemos como policía.
Es así como se plantean los objetivos esenciales de la seguridad pública que busca proteger la integridad de las personas y sus bienes; prevenir la comisión de delitos o infracciones a reglamentos gubernativos y de policía; investigar y perseguir delitos y readaptar a los infractores para que a su regreso a la sociedad, no sean factor de intranquilidad.
El término policía significa originalmente “…. El orden que se observa en la vida urbana mediante el cumplimiento de las leyes establecidas. Derivativamente, policías, son los diversos cuerpos encargados de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas…
…Se llama policía gubernativa al cuerpo oficial de orden público y Policía Judicial a la que tiene por objeto la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes.”
El objetivo de las políticas de seguridad pública es mantener una condición de confianza en la ciudadanía para que, en un ambiente de orden, tranquilidad y paz, desarrolle las actividades productivas que llevarán a la comunidad al logro de sus objetivos comunes, también conocidos como sociales.
Sólo se tendrá éxito en las acciones de la seguridad pública, atendiendo al principio de Integralidad, es decir, todos los aspectos que intervienen y atenderlos eficientemente, desde la prevención, hasta la readaptación social. En cada uno de estos aspectos, será necesario también considerar y atender a cada uno de los elementos que influyen en ellos, logrando eficientar cada uno de estos y su operación coordinada.
Las acciones que han de emprenderse requieren el compromiso y actuación homologada en los niveles de gobierno involucrados y el trabajo respetuoso y coordinado.
Toda política estatal debe desarrollarse a través de un conjunto de provisiones, decisiones y acciones concatenadas, mediante las cuelas se adoptará una posición determinada frente a lo que se ha entendido como “cuestión social problematizada”.
Esta posición se traduce en acciones simultáneas o sucesivas, cuyo éxito depende enteramente de la forma en que éstas sean articuladas. Una política de protección de la seguridad pública debe partir de tal premisa.
La consecución de los logros satisfactorios sólo será posible a través de acciones coherentes y permanentes, sustentadas en mecanismos continuos de administración eficiente, cooperación entre las instituciones y calidad en los recursos.
Debe hacerse a un lado cualquier forma de improvisación y de medidas aisladas en los procesos de planeación, formulación, instrumentación y control de las políticas y acciones de gobierno, cuyos resultados han probado ser contrarios a lo esperado, aún a pesar de las buenas intenciones.
Todo este marco teórico plantea lo que debiera ser, pero un análisis somero de las condiciones de seguridad que se viven, al menos en nuestra sociedad mexicana, nos lleva a concluir que las cosas no andan nada bien.
Tenemos si, un buen principio, pero hasta allí nos quedamos, porque aunque se puede considerar que el Estado de Derecho está enmarcado por un buen marco jurídico, su aplicación y los resultados tangibles son desastrosos.
Estos días hemos visto que el Presidente de la República ha decretado, de facto, un estado de excepción en varias ciudades del norte del país, ante la ola de violencia derivada del narcotráfico. Ha dicho que con hacer más grandes los castigos se frenará la delincuencia, cuando es del dominio público que los problemas tienen su origen en la ineficiencia, pero sobre todo, en la corrupción de los cuerpos policíacos que están infiltrados por los delincuentes.
La policía constituye un aparato de indudable importancia, no solo para quien pretenda entender los mecanismos que articulan el ejercicio del poder, sino también para quienes se sientan comprometidos en la difícil tarea de consolidar la democracia.
Y es que no se puede hablar de democracia, cuando el Estado de Derecho está vulnerado por la prevalencia de la violencia sobre la razón. La policía, el brazo armado de la Ley, está infestada de corrupción y así, no sirve de nada, su amputación es inminente.
BIBLIOGRAFÍA
GUERRERO, Omar. “Las Ciencias de la Administración en el Estado Absolutista. Ed. Fontamara, México, 1986.
RICO, José María. “Policía y Sociedad Democrática”. Ed. Alianza Universidad 357, Madrid. 1983.
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LÓPEZ GARRIDO, Diego. “La Guardia Civil y los Orígenes del Estado Centralitsta”. Grupo Editorial Grijalbo, Madrid, 1982.
